El mal, la desmemoria, la educación para la ciudadanía y las exclusividades

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Alfredo Liébana Collado

           Este artículo fue escrito con motivo del inicio de la implantación de la asignatura de educación para la ciudadanía. Una de sus causas fue la nota sobre unas declaraciones del obispo Cañizares aparecida en el Pais el 26 de junio de 2007 sobre la implantación de la asignatura. Desgraciadamente el debate sigue manteniendo actualidad.

Cuando hay determinados representantes de la jerarquía católica que arremeten con furia citando el mal como móvil de la enseñanza de una materia escolar es claramente un mal asunto.

No se puede plantear esto así, arremolinando los sentimientos profundos de la gente sencilla contra las decisiones racionales del Ministerio de Educación, sus autores realizan un juego muy peligroso de enfrentamiento social que en este país han tenido una larga y dolorosa trayectoria.

La desmemoria de algunos sobre las consecuencias de las mentiras repetidas sin descanso con fines espurios (en este caso un pretexto para seguir pidiendo más dinero al erario público para actividades privadas, manteniendo además el mayor control posible sobre la infancia).

No está de más recordar la sonora indiferencia de la Iglesia Católica frente al Nazismo y sus horrores, su apoyo sustantivo al régimen de Franco, en el que además no tuvieron empacho en participar como procuradores los obispos, siendo por otro lado cierta, su elogiable colaboración en la transición democrática bajo el timón de Monseñor Tarancón primado de la Iglesia en ese momento.

Es de todos sabido, que la mayoría de la jerarquía católica aspira a detentar en exclusiva la valoración sobre lo que es éticamente aceptable o reprobable en la sociedad española, pero una cosa es la especial consideración con la Iglesia Católica definida en la Constitución (en función de razones históricas) y otra muy diferente que los gobernantes requieran su aprobación previa en sus decisiones, eso sería un estado confesional.

Su opinión tan valorable como otras muchas, debe formar parte del debate social, pero en absoluto es aceptable ni el incumplimiento de las leyes, ni una utilización de los sentimientos religiosos (tan respetables por otra parte, pero por todos) contra el Estado. La lógica llevaría a la pérdida de los privilegios que actualmente detenta en función de tratados internacionales de escaso encaje constitucional.

Es difícil discutir racionalmente la oportunidad de incluir en la ESO las enseñanzas mínimas de Educación para la Ciudadanía definidos por el Ministerio en enero de 2007, después de un largo consenso con multitud de asociaciones, y que por cierto, se impartían ya en su mayor parte, sólo que desperdigadas en distintas materias o de una manera transversal por decisión de la Comunidad Educativa.

Las Comunidades Autónomas están haciendo su correspondiente desarrollo, la Comunidad de Madrid lo hizo a finales de mayo sin especial cambio, pero ha decidido retrasar su implantación dentro de las posibilidades legales que dispone.

¿De qué contenidos estamos hablando?

  1. De 1º a 3º ESO Relaciones interpersonales y participación, derechos y deberes ciudadanos, definición de la sociedad democrática y concepto de ciudadanía en un mundo global.

  2. 4º ESO Educación afectivo-emocional, los derechos humanos, la democracia y los valores constitucionales, problemas sociales del mundo actual e igualdad entre hombres y mujeres.

¿Qué desarrollo se debe de hacer en el centro educativo?: El definido por el desarrollo legislativo en nuestro país y su correspondiente justificación filosófica y ética.

¿Qué aplicación puede hacer cada comunidad autónoma?: Básicamente el mismo, dando en un caso más importancia o desarrollo a uno sobre otro.

¿Qué aplicación puede hacer cada profesor?: El derecho está definido en la Constitución Española bajo el amparo de la libertad de cátedra y en función de su formación, bien sea más filosófica o jurídica, por lo tanto amplio campo tiene para ejercerla con la debida sujeción a los programas oficiales.

¿Qué pueden decir los libros de texto?: Lo que considere el autor y la editorial, no hay censura previa, ni autorización ministerial, ni autonómica, lo único en aquellas autonomías donde se financien los libros de texto lo que puede es no financiarlos. Cada profesor es libre de escoger el que le parezca más oportuno, luego de aprobado en su departamento.

¿Dónde está el problema? En que se ven las vergüenzas de una organización no democrática que no está a la altura de una sociedad que si lo es o que pretende serlo, que está internamente en un proceso de contrarreforma frente al Vaticano II –una muestra de acercamiento al mundo actual- y que tiene marginada a las mujeres de las principales responsabilidades.

Se puede observar, simplemente, que el sistema de elección de sus responsables es claramente inhomologable con una sociedad democrática, que en su relación con la disidencia interna es implacable (imponiendo el celibato a sus ministros, sólido ejemplo en la educación afectivo sexual) y que sus argumentos en este caso son de una pobreza intelectual que abruman, además de tener una curiosa dependencia de un país extranjero cuando se refiere a la base de la convivencia en nuestro país, lo que es especialmente irritante.

Por otra parte, lo único evidente, es su manifiesta oposición en distinto grado a algunas de las decisiones legales de nuestra sociedad: el matrimonio civil, el divorcio, la despenalización de algunos tipos de interrupción de embarazo, el fomento del control de la natalidad, etc.. y al avance científico en algunos campos, como anteriormente a que la tierra era redonda (de lo que se arrepienten con 400 años de retraso), a la evolución de las especies, al estudio del origen de la vida, o modernamente a la investigación con células madre para evitar enfermedades, etc..

La argumentación fundamental del actual debate es que se vulnera el derecho de las familias a educar a sus hijos … ¡Sorpresa!, quieren decir… exclusivo y se olvidan de los medios de comunicación, de los amigos, etc…, quién no puede enseñar según parece es la Escuela, aunque los padres la escojan, la controlen y el Estado se la pague. Bonita forma de construir la convivencia, desde el olvido del derecho de los niños (no son propiedad de los padres, tienen responsabilidad sobre ellos, pero no pueden hacer lo que quieran, como perjudicarlos gravemente) y desde el incumplimiento de la ley.

Es preciso señalar además que el derecho de los padres, aquel que tanto se enarbola, no es un derecho infinito, está sujeto a las leyes, al ordenamiento jurídico, es decir a otras normas que deben ser observadas también por ellos.

Si todo lo anterior es cierto, ¿Dónde está el problema? En el ruido y en la incoherencia de un sistema democrático donde una derecha que se dice liberal y en el fondo es confesional, y que deja que le hagan el trabajo de campo de levantar irritación para luego recoger el fruto electoral de la oposición a un gobierno.

¿Qué lógica aplicar? El debate sereno, la paciencia, la constancia y la explicación racional. La clave de la enseñanza pública es la múltiple responsabilidad de los poderes públicos (todos), de la comunidad escolar (incluyendo los padres) y sobre todo de los profesionales: los profesores (todos).

Esperando estas líneas cubran parte de ese objetivo.

 

Alfredo Liebana, Profesor de Secundaria

21-03-2011

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