CONTRA LA EMPANADA INTEGRISTA

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Cándido Marquesán Millán

                                

No acostumbro a replicar a aquellos articulistas que tienen el atrevimiento de escribir en los periódicos, todavía más si es en alguno en el que suelo hacerlo yo también.  Mas toda regla tiene una excepción. En este caso, me parece muy  justificada. Acabo de leer un artículo, publicado en un periódico autonómico, con fecha 31 de octubre de 2009, titulado “Empanada de laicidad”, firmado por la Coordinadora de Justicia y Libertades Públicas del PP de Teruel. Es un escrito, no de un simple ciudadano, es de todo un cargo orgánico del P.P. con más de 10 millones de votos,  y todavía más, de alguien que coordina la Justicia y Libertades Públicas en la provincia de Teruel.           

Si me he decidido a esta réplica, es porque me siento profundamente preocupado por todo lo dicho, relacionado con la circunstancia de que en Cataluña, su Consejo Escolar ha tenido la “osadía” de recomendar el cambio de nombre de las Vacaciones de Navidad y de Semana Santa, por el de Vacaciones de Invierno y Primavera respectivamente. Por cierto, en bastantes países europeos se llaman ya de Invierno y Primavera, como en Francia, que está a la vuelta de la esquina. La “Coordinadora de J. y L.P.” a esta propuesta la califica de radical, progre-rancia, extremista, exaltada y jacobina.Acusa de que lo que se pretende es erradicar el catolicismo, y que se ha hecho caso omiso del artículo 16 de la Constitución. Realmente sorprendente. No sé qué lectura ha hecho de tal artículo. Mas si apelamos a la Constitución hay que hacerlo de una manera completa, y no solamente en aquello que nos interese. Antes del artículo 16.3, está el 14. que señala: Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Y por eso también, la afirmación del artículo 16.3, en la que se dice: Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”, se debe interpretar y aplicar de acuerdo con el artículo 14, porque si no es así, se podrán generar discriminaciones continuas. Esto significa que en el ordenamiento constitucional y en la convivencia entre los ciudadanos en nuestra sociedad, tiene que prevalecer siempre el principio determinante de una sociedad laica. De lo que se trata es que de una vez por todas, de comprender que ni la Iglesia católica ni representante de un partido político, y más todavía si es un representante de Justicia y Libertades Públicas, tiene derecho a recurrir al artículo 16.3  de nuestra Constitución, para de ahí tratar de sacar privilegios o derechos que no tienen los ciudadanos de otras creencias religiosas o que no tienen creencia religiosa alguna. Por ello, tratar de organizar la convivencia humana, como sería el seguir llamando a las comentadas Vacaciones de Navidad o Semana Santa, según criterios religiosos católicos, es una imposición hacia el resto de los ciudadanos. Cuando se pretende cambiar los nombres de estas vacaciones tan queridas por todos, sobre todo por motivos festivos, más que por razones estrictamente religiosas, no se comete un acto ilegal contra la Constitución. Todo lo contrario, estaría en la más estricta legalidad constitucional. Mantenerlas con los nombres actuales es cuando se está haciendo un acto ilegal, al discriminar a todo un conjunto de ciudadanos. Como también cuando se obliga a todos los españoles, creyentes o no creyentes, católicos, protestantes, judíos, musulmanes o de cualquier otra religión, a que tengan que guardar fiesta obligatoriamente todos los 8 de diciembre, día que la Iglesia celebra el dogma de fe que nos revela que, por la gracia de Dios, la Virgen María fue preservada del pecado desde el momento de su concepción, es decir desde el instante en que María comenzó la vida humana.  Dogma declarado un 8 de diciembre de 1854, en su bula Ineffabilis Deus, el Papa Pío IX. Deberían recapacitar profundamente todos aquellos políticos ante esta circunstancia, y especialmente aquellos que defienden la Justicia y las Libertades Públicas,  y valorar si hay o no discriminación  con esta imposición a todo un conjunto de ciudadanos.

Podría apelarse a una justificación no jurídica para el mantenimiento de los nombres actuales, de carácter histórico-tradicional, como que España ha sido católica. Admitamos que España ha sido católica, lo que llevó a García Morente a decir: Declararse español y no ser católico, no puede ser. Y a otros, como Menéndez Pelayo: A que no se puede ser español si no se es católico. Al respecto, habría que hacer profundas matizaciones. No hace falta ser un profundo conocedor de nuestra Historia para saber que no hemos tenido otra opción que ser católicos, lo de cristianos ya es otra cosa. Como muy bien dijo recientemente, el calandino padre Mindán: De tan católicos que hemos querido ser,  nos hemos olvidado de ser cristianos. Porque no parece muy cristiano, el que la imposición de una religión, la católica, en España fuera a costa de perseguir por parte de los poderes políticos y religiosos oficiales de una manera inmisericorde a los herejes, los luteranos, los erasmistas, los heterodoxos de cualquier tipo, junto a los judíos y los musulmanes.

 

Publicado en ElIndependientedeCanarias, 2 de noviembre de 2009.

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